
Los hechos ocurrieron en el mes de octubre y fue conocido
en primera instancia por parte el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial
Penal Coorporativa, quien se encuentra a cargo de las investigaciones,
resultando haber recabado para estas fechas, nuevos elementos de convicción que
ameritan se detenga preventivamente a la imputada.
La Fiscalía Superior en segunda instancia, hizo hincapié
en que debe considerarse este caso, por ser uno de las primeras investigaciones
en este distrito judicial donde se debe aplicar el art. 368-A, del Código
Penal, norma recientemente incorporada en la Ley N° 29867 que entró en vigencia
en mayo del presente año y que sanciona las conductas de ingresar, intentar o
permitir el ingreso a un centro de detención o reclusión, equipos o sistemas de
comunicación.
De este modo el Ministerio Público, cumple con su deber
de contrarrestar y combatir la delincuencia, toda vez que se ha tenido
conocimiento que se pretenden ingresar celulares al Establecimiento
Penitenciario, con la finalidad de dirigir actos delictivos como secuestro,
extorsión y otros.
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