De acuerdo con las cifras de la Procuraduría
Anticorrupción –que ha desplegado un ejército de 200 abogados para hacer un
seguimiento de 21 mil 807 investigaciones fiscales y juicios–, tres
burgomaestres provinciales tienen 13 casos cada uno que deben responder ante
las autoridades que les atribuyen presuntos delitos contra la administración
pública.
El alcalde de Cañete María Montoya Conde tendrá que
responder a la procuraduría anticorrupción.
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