El caso de Nelson Chui Mejía, candidato por el Movimiento
Concertación para el Desarrollo Regional de Lima (Región Lima Provincias). Es
investigado por una obra ejecutada en la localidad de Mazo, así como la
obra del embarcadero de Cerro Azul, al igual que por la donación de bienes y
ropa para los damnificados del sur por el terremoto del 2007.
En el año 2010, el Gobierno Regional de Lima recibió cartas fianzas de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito para los Exportadores (COOPEX), manejada por la red de
Rodolfo Orellana Rengifo. En ese momento Chui Mejía, se desempeñaba como
Presidente del Gobierno Regional Lima.
Debilitan la democracia y las inversiones
Santillana comentó que los candidatos a los GR comprometidos en casos de
corrupción expresan que su situación se deriva de problemas en los procesos
administrativos y no por corrupción. “En todos los casos esta salida
leguleya es utilizada como su defensa y una suerte de estrategia para aminorar
sus culpas frente al público elector. Una coincidencia, muy rara”.
Finalmente puntualizó que de proseguir esta ola de corrupción en las
administraciones regionales, se debilitará el correcto manejo administrativo,
la debida fiscalización y control al interior del país. Esto tendrá como efecto
inmediato la paralización de proyectos de inversión pública y privada,
afectando a los sectores más pobres. Coincidió con el Presidente de
Transparencia Internacional, José Ugaz Sánchez-Moreno, quien dijo que “la
corrupción es un impuesto que pagan los pobres”, pero Santillana añadió que es
como un castigo por votar sin analizar las propuestas que se les presenta y
quién la presenta.
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